España y las políticas de Gobierno Abierto

El pasado 4 de enero varios medios de comunicación publicaron una noticia que señalaba la falta de trasparencia democrática y rendición de cuentas en España: El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción, criticó que España no estaba haciendo lo suficiente para luchar contra la corrupción. Concretamente, esa noticia, publicada en periódicos como El Mundo, apuntaba que los diputados no habían renovado el sistema por el que publicaban sus “actividades, bienes y rentas”, una costumbre que se empezó a implementar en las administraciones públicas desde el año 2011.

La rendición de cuentas (accountability) es uno de los estándares que la Open Government Partnership propone para mejorar la calidad democráctica en el mundo. Este principio, según explican los documentos de esta organización internacional, consiste en proporcionar información sobre las actividades económicas de los cargos públicos y que, a la vez, sea accesible para toda la ciudadanía. En ese sentido, los estándares de gobierno abierto en esta materia proponen medidas sobre códigos de conducta de los cargos públicos, mecanismos para prevenir el conflicto de intereses de esos cargos, medidas de trasparencia para regular a los lobbies o la protección de los “whistleblowers”.

Página web del portal de Trasparencia del Gobierno de España

Página web del portal de Trasparencia del Gobierno de España

España es miembro de esta organización desde el año 2011 y, desde entonces, ha elaborado tres planes de acción con los que aplicar los principios de trasparencia y gobierno abierto en las diferentes administraciones del Estado. En su último plan de acción, España propone tres grandes líneas de trabajo: La participación ciudadana, la “cooperación interadministrativa” y “fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto”.

Evaluar cómo está cumpliendo España estos compromisos es una tarea ardua y compleja, ya que no sólo hay que atender los amplísimos documentos de las administraciones públicas en las que detallan sus logros, sino que siempre habrá que matizar lo que dicen de sí mismas esas administraciones con los datos.

Ese trabajo requiere de profesionales dedicados a fiscalizar el poder, como los periodistas de la fundación Civio, que, a través de sus diferentes proyectos, realizan ese trabajo necesario de evaluación para que toda la ciudadanía pueda saber, sin tener que realizar un acto de fe, que lo que dicen las Administraciones Públicas es cierto, o, en su defecto, hasta qué punto es matizable.

En ese sentido, esta organización ciudadana emprendió un proceso judicial contra el Ministerio de Defensa a colación de las peticiones de información pública sobre qué personas acompañan a los altos cargos de este ministerio en sus viajes internacionales. Civio usó la Ley de Trasparencia española para pedir información anterior al año 2014, año en el que se aprobó esa ley. Pero el Ministerio de Defensa se negó a entregarla argumentando que no tenía por qué entregar información anterior a ese año, por lo que recurrió en un primer momento usando un recurso contencioso-administrativo que llevó a la Audiencia Nacional a fallar a favor del Ministerio, estimando que las administraciones sólo tienen obligación de entregar información de sus actividades posterior a 2014 y no anterior. Luego, el Ministerio entregó esa información al diario El País, un acto que Civio considera como un “castigo” por haber evidenciado la falta de trasparencia del Ministerio de Defensa.

Este conflicto lleva a Civio a denunciar que el Derecho de Acceso a la información está “en peligro”. Pero la falta de voluntad de ciertas instituciones por facilitar información que debería ser pública no es el único peligro para la trasparencia. También es un riesgo que los datos facilitados estén sesgados o “inflados”, o que estén publicados en formatos .pdf u otros que no permitan un análisis certero para que otros profesionales puedan trabajar con datos públicos.

No se puede negar que el Estado español y las administraciones regionales y locales están haciendo, poco a poco, esfuerzos para aumentar la trasparencia y la participación ciudadana. Pero esos esfuerzos quedan enfangados ante este tipo de actitudes a las que se suma el hecho de que el marco legal, en muchas ocasiones, actúa de “agente marginador del periodismo de investigación”, como explica Javier Chicote en su tesis doctoral. Ante este panorama sólo hay dos opciones: Rendirse y dejarse llevar, o seguir insistiendo hasta que lo anormal en España sea que una institución pública sea opaca y que comportamientos como el demostrado por el Ministerio de Defensa lleven a sus altos cargos a dimitir de forma inmediata. Para eso será imprescindible que la sociedad cambie y no consienta éste tipo de actitudes en un cargo público.

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