El agujero de los “contratos menores” con la administración pública

Tener un contrato con una administración pública es una oportunidad de negocio para muchas empresas. Allí donde el Estado no puede ofrecer ciertos servicios a sus ciudadanos por la causa que sea, es habitual que una empresa se encargue de esa labor, sustituyendo así a la administración en la atención a los ciudadanos en múltiples áreas. Para poder investigar los contratos que mantienen las administraciones con el sector público, es necesario estudiar la normativa que deben cumplir las empresas adjudicatarias. Esas normas se pueden consultar en el portal de contratación del Estado.

Sin duda, la herramienta más importante para conocer los requisitos que deben cumplir las empresas en España para poder trabajar con el sector público es la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El texto, publicado en el BOE, actualiza toda la normativa referente a los contratos con el sector público.

Con esta nueva ley, España actualiza su legislación a los términos que disponen las últimas directivas europeas en materia de contratación pública, como la Directiva 2014/23/UE. De este modo, se pretenden alcanzar objetivos como “una mayor trasparencia en la contratación pública” y “conseguir una mejor relación calidad-precio”. Es decir, que haya “igualdad en las licitaciones públicas”, que se publiciten los concursos, que se detallen los datos de las adjudicaciones, etc.

Los términos “trasparencia” y “calidad” a la hora de hablar de los contratos que mantiene el sector privado con las administraciones públicas se introducen con un fin muy concreto: evitar la corrupción. La RAE define éste término como el uso de los medios y recursos de las administraciones públicas para obtener un beneficio económico propio. España es un país en el que abundan éste tipo de prácticas, a veces, bajo el amparo de pequeños resquicios legales.

Blogs especializados en trasparencia como Sueldos Públicos han criticado que en ocasiones se han hecho contratos de cantidades económicas “bajas”, como el de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil con Acciona por 685.000 euros, sin ningún tipo de publicidad. El diario El Independiente publicó el pasado 21 de febrero de 2017 que en España se realizaron 12.228 adjudicaciones públicas a dedo por valor “total superior a 265 millones de euros sin ningún control”.

La fundación ciudadana Civio, una de las organizaciones que impulsa la trasparencia en España, explicó que la nueva ley de contratos del sector público contiene un avance relevante: el cambio del “negociado por criterios de precio” por el “procedimiento abierto simplificado”. Este cambio supone, según explica la periodista Eva Belmonte, un mayor control en la realización y publicación de las contrataciones públicas, especialmente las menores.

¿Cuánto dinero es un contrato menor?

Extracto de la Ley de Contratos del Sector Público

Extracto de la Ley de Contratos del Sector Público

La ley define los “contratos menores”, aquellos cuyo valor sea 40.000 euros “cuando se trate de contratos de obras” o 15.000 euros cuando sean “contratos de suministro o de servicios”. Anteriormente a esta ley, estos contratos se adjudicaban sin ningún tipo de publicidad, lo que ponía en riesgo la trasparencia en cuanto al destino del dinero público.

¿Cómo seguir la pista a los contratos públicos?

La página web de contratación del Estado contiene todos los contratos realizados por las administraciones públicas de España, tanto las municipales como las nacionales y autonómicas. De esta manera, hasta la obra más pequeña queda registrada en el BOE, con todos los detalles sobre la empresa contratada, el tipo de servicio que se ofrece, la administración que adjudica el trabajo, etc.

Un ejemplo del tipo de información que se puede consultar es el siguiente: El contrato de los servicios de limpieza de las instalaciones del Parque de Bomberos de Alcañiz (Teruel). Concretamente, este contrato tiene un valor de 16.947,94 euros por un año.

Ejemplo de un contrato extraído de la web de contrataciones del Estado

Ejemplo de un contrato extraído de la web de contrataciones del Estado

La página web permite conocer las últimas adjudicaciones publicadas en orden cronológico, aunque también se puede rastrear el número total de licitaciones, profundizando la búsqueda según la variable que interese consultar, como el tipo de contrato, o el valor de los mismos. Por ejemplo, las licitaciones adjudicadas por administrativos especiales cuyo valor se situaba entre 100.000 € y 1.000.000 de euros por Negociado sin Publicidad son son 35, y las administraciones que adjudicaron esos contratos son la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Alcaldía del Ayuntamiento de Coín, o la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 – Base Aérea de Cuatro Vientos, entre otras instituciones públicas.

Contratos públicos negociados sin publicidad

Contratos públicos negociados sin publicidad

Propuestas para evitar la corrupción

A pesar de estos avances en trasparencia, todavía las instituciones y organizaciones que velan por la trasparencia de las administraciones públicas siguen recelando de España. En ese sentido, y como recoge el blog del interventor del Estado, Emilio Menéndez Gómez, Trasparencia Internacional propone, entre otras medidas, que se habilite la “extensión del recurso especial a cualquier contrato con indiferencia de su importe y su limitación”, que se amplíe la “legitimación para impugnar” y que el órgano que debe vigilar la trasparencia de las administraciones públicas sea totalmente independiente del Gobierno, algo que, como también denunció la fundación ciudadana Civio, no sucede con el actual texto de la Ley de Contratos del Sector Público.

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