El problema del alquiler turístico en Baleares

Sin duda se trata del motor económico de Baleares. El turismo es la principal fuente de ingresos de las islas y ha hecho de esta comunidad una de las más productivas del estado español. Sin embargo, el negocio turístico no solamente supone beneficios para la sociedad balear. Los isleños también sufren las consecuencias de la afluencia masiva de visitantes que ocupan unas infraestructuras que no son capaces de soportar una presión demográfica tan elevada. Según el Institut d’Estadística de las Illes Balears (IBESTAT), en 2016 las islas recibieron la visita de más de quince millones de turistas, llegando a soportar cargas demográficas diarias cercanas a los dos millones de personas, casi el doble de los habitantes con residencia fija en la comunidad.

Fuente: Propia

Fuente: Xisco Adrover

Otro problema derivado de la atracción que ejercen las Islas Baleares ha sido la reconversión de muchas viviendas residenciales en apartamentos turísticos. Los nativos hace años que ofertan sus inmuebles en páginas de alquiler vacacional como Airbnb o Homeaway. Esto no supondría ningún problema, si no fuera porque por esta causa la comunidad balear está experimentando el mayor incremento del precio del alquiler residencial de todo el estado español. Esto está provocando que muchos trabajadores, que el propio sector turístico demanda, tengan serias dificultades para conseguir una vivienda a un precio razonable.

Actualmente no existe ningún tipo de regulación para este tipo de alquiler, por lo que el actual ejecutivo, al frente del Govern Balear, se ha propuesto regular de una vez por todas esta situación, poniendo en marcha una legislación que ordene el alquiler vacacional en la Comunidad. Sin duda va a ser una tarea difícil, a causa de la división de opiniones en la que se encuentra inmersa la sociedad balear.

Los dueños de apartamentos reivindican su derecho a alquilar sus propiedades y hasta hace poco se aferraban a la Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre). Sin embargo, en junio de 2013 el Gobierno de España agregó al artículo 5 un apartado que excluía de esta ley las “viviendas amuebladas…comercializadas y promocionadas por canales de oferta turística”. Aptur-Baleares es la entidad en torno a la cual se han asociado los propietarios y tiene como objetivo presionar para que se promulgue una normativa legal que los ampare y que rija la actividad que llevan a cabo dentro de este vacío legal.

Por otra parte, Hoteleros y ecologistas se posicionan en contra de cualquier regulación y abogan para que se prohíba el alquiler vacacional en pisos en bloques de viviendas residenciales. Estos dos colectivos, generalmente enfrentados, se han unido por distintos motivos. Los primeros ven una competencia desleal para sus negocios y los segundos están preocupados por una afluencia descontrolada de visitantes que pueda poner en peligro la riqueza natural de las Islas.

El encargado de sacar adelante la propuesta legislativa a la que deberá atenerse quien quiera alquilar su propiedad a turistas es el vicepresident del Govern Balear, Biel Barceló. Barceló se presentó a las elecciones con Mes per Mallorca, partido que actualmente gobierna junto con el PSOE de la presidenta Francina Armengol y con el apoyo puntual de Podemos.

Mes per Mallorca cuenta con el ecologismo entre sus principios fundacionales, por lo que Barceló se encuentra con voces dentro de su propio partido que están en contra de cualquier regulación. Sin embargo, el vicepresident sabe que va a resultar muy difícil poner “puertas al campo”. Los propietarios necesitan una legislación que ampare una actividad que lleva ya demasiado tiempo al margen de la ley. Sin duda el ejecutivo balear se encontrará con serias dificultades para contentar a todos.

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