El derecho a la privacidad no implica tener privacidad

Juan A. Hipólito

El denominado derecho a la vida privada tiene su origen en el ámbito anglosajón cuando, a comienzos de la última década del siglo XIX, los abogados Warren y Brandeis reclaman, a través de un artículo en la revista Harvard Law Review, el derecho a vivir tranquilo, a ser dejado en paz, y a no ser arrastrado a una publicidad no querida, a raíz de los conflictos y malestar social generados por la intromisión de unos periodistas, que habían informado públicamente sobre los comentarios realizados por los invitados de una fiesta privada.

 

Law Review Harvard

 

Este artículo marcó un punto de inflexión en la concepción del derecho a la vida privada. Hasta entonces ese derecho se entendía como una extensión del derecho a la propiedad privada. Sin embargo, ambos juristas fueron más allá al defender el concepto de intimidad y vida privada como un derecho autónomo y considerarlo como una dimensión necesaria de la dignidad personal de todo ser humano.

 

Con esta nueva noción, los dos letrados sitúan en el concepto de intimidad: la intrusión física en un espacio o situación privada; la difusión de hechos de la vida privada; la difusión de la imagen personal, casi siempre considerada desde una dimensión comercial; y la falsificación de la imagen personal.

 

Los avances experimentados por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, NTIC, en la actual Sociedad de la Información ha terminado por modificar la naturaleza de este derecho y favorecer el surgimiento de una nueva generación, más centrado en la protección, comodidad y acceso a determinados bienes y servicios electrónicos a cambio de una mayor permisividad de nuestro derecho a la intimidad y privacidad. En especial, en el caso de menores y jóvenes, ya que existe una cierta “pérdida de conciencia sobre el valor de la vida privada personal” (Azurmendi, 2011: 113).

 

El derecho a la protección de datos personales, como aspecto esencial de la privacidad, comienza a considerarse a comienzos de este siglo como un derecho fundamental autónomo e independiente, con algunos límites. En nuestro país, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal persigue el equilibrio entre la protección del derecho al honor y la intimidad, por uno lado, y los intereses de la Administración Pública y las autoridades, por el otro. En la mencionada norma se establecen como principios fundamentales: la calidad de los datos; el derecho de información en la recogida de los mismos; y el consentimiento de las personas de la que se obtiene. Este último es crucial y determinante para la salvaguarda de nuestro derecho a la intimidad y privacidad.

 

Remove

 

“Remove”: El derecho a la privacidad no implica tener privacidad

 

Tras proceder al visionado del cortometraje, “Remove”, realizado por el colectivo Delacrew en 2007, en el que se plantea la duda de hasta qué punto las personas conservamos hoy en día nuestra privacidad, siempre y cuando esté estrechamente relacionada con el uso habitual de dispositivos móviles y la utilización de herramientas electrónicas, hemos de decir que, en líneas generales, no tenemos por menos que mostrar nuestro acuerdo con la reflexión planteada. A nuestro modo de ver, el derecho a la privacidad no implica tener privacidad, siempre y cuando estemos consintiendo expresamente el acceso de terceros a esa parcela a cambio de ciertos privilegios.

 

 

 

Hoy en día, rara es la aplicación informática, por no decir ninguna, que no te ofrece un determinado servicio electrónico, a través de cualesquiera de los terminales que tengas a tu alcance, a cambio de determinados datos personales, permisos de acceso a tus cuentas en las redes sociales o a tu correo electrónico. ¿Quién de nosotros no ha dado su consentimiento a cualquiera de las nuevas aplicaciones que ofrece Google para mejorar nuestras comunicaciones en Internet?

 

En la mayoría de los casos, ni siquiera atendemos a los mensajes de advertencia que nos aconsejan la lectura de las condiciones por las que vamos a disfrutar de unos determinados servicios. Aceptamos, sin más. En ese momento, estamos consintiendo que traspasen nuestra esfera privada y dejamos la puerta abierta para que, la próxima vez, pasen sin llamar. Consentimiento. Esta es la palabra clave para que nuestro derecho a la privacidad sí que implique tener privacidad, salvo en casos de interés general y hechos verdaderos.

 

En otros casos, nos desnudamos sin más, como en Facebook, cuando aportamos, sin tan siquiera pedírnoslo, nuestros datos más íntimos: ideología, religión, sexo, etc. Volcamos en la red de redes información personal de todo tipo: laboral, académica; familia y relaciones; gustos literarios, musicales, cinematográficos; aficiones deportivas y culturales; afiliación política y sindical. Nos despojamos de lo más íntimo de nuestra privacidad de una forma más que consentida. Es como si a la famosa fiesta en la casa de Warren nos hubieran invitado con la condición expresa de consentir la divulgación pública de cuanto comentáramos en la misma sin ningún tipo de restricción.

 

Vida privada en Facebook

 

¿Cómo ha de afrontar el periodista esta realidad?         

 

Los profesionales de la comunicación hemos de afrontar esta situación con conocimiento de causa y un respeto escrupuloso al cumplimiento de las normas. Esto es básico. Debemos de saber cuáles son nuestros deberes en esta materia y dónde se encuentran los límites del derecho a la libertad de expresión y de información, así como las consecuencias que puedan derivarse de su quebranto.

 

La llamada Teoría de los círculos concéntricos marca claramente las tres esferas de la vida íntima, privada y pública de las personas físicas. Si bien es cierto que todo lo que se mueve en el ámbito de la última esfera es más permisivo, debemos ser conscientes de que no ocurre lo mismo con las dos primeras, salvo que contemple los dos matices ya comentados con anterioridad de tratarse de un hecho verdadero y de interés general.

 

cc

 

 

 

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