Secreto profesional y la cláusula de conciencia en España

Juan A. Hipólito

El artículo 20 de la Constitución Española, en su apartado 1.d), reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertadas. Sin embargo, en la actualidad, tan solo el referente a la clausula de conciencia cuenta con un desarrollo normativo en nuestro país.

 

art20CE

 

El secreto profesional es un derecho vinculado al derecho a la información como derecho fundamental. Por tanto, necesita igualmente de una norma que regule aspectos tan fundamentales como: el sujeto de ese derecho, el objeto que regula, contenido, o cuáles son sus límites y garantías, sin tener que acudir a otras fuentes del Derecho comparado y la jurisprudencia para resolver situaciones conflictivas que pudieran derivarse de la práctica de ese derecho.

 

La Ley Orgánica 2/1997 del 19 de junio regula la cláusula de conciencia del profesional de la información, pero no del secreto profesional. Precisamente, por carecer de un desarrollo normativo, el grado de discrecionalidad de un juez en caso de conflicto de intereses es mayor que el que pueda darse en otros casos al no disponer de una norma que regule posibles conflictos que surjan entre el profesional de la información, la empresa donde trabaje y/o un tercero.

 

A lo largo de las últimas década, diferentes grupos parlamentarios de ideologías dispares han presentado en el Congreso de los Diputados diversas proposiciones de ley para la regulación de este derecho, pero ninguna de ellas logró salir adelante. En una de esas propuestas, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, IU, pretendía conseguir el visto bueno de la Cámara Baja de las Cortes Generales en 2004 con una propuesta de Estatuto para el periodista profesional que incluía varias referencias a una regulación del secreto profesional a través de sus artículos 14 y 15.

 

Si tenemos en cuenta las ideas estudiadas en relación a esta materia y, sobre todo, la naturaleza con la que conceptualizamos el derecho al secreto profesional, resulta del todo incoherente el planteamiento realizado en el artículo 14 de la proposición de ley objeto de estudio en este análisis. El sentido del mencionado apartado, incluido en el Capítulo III, alusivo a los derechos del periodista profesional, no tiene más fin que el de “obligar” a mantener en secreto la identidad de las fuentes, cuando en el caso del periodista, el secreto profesional es un derecho, no un deber, como pueda derivarse de otras profesiones, caso de médicos o abogados.

 

En base a ese mismo criterio, cabe destacar también la incoherencia a la que se presta el artículo 15 al proponer que, “Los periodistas y responsables editoriales que falten al secreto profesional serán castigados como autores del delito previsto en el artículo 199.2 del Código Penal”. El apartado al que alude el mencionado artículo recoge que, “El profesional que, con incumplimiento de su obligación se sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con…”. En España, este artículo de plena aplicación para otras profesiones, no puede aplicarse en cambio a los periodistas porque la acción de reserva adquiere una naturaleza distinta al mantener el secreto sobre la identidad de la fuente, en vez del contenido de lo revelado.

 

Por tanto, es de imperiosa necesidad la aprobación de una norma que desde su más absoluta coherencia, alejada de toda confusión, regule el secreto de los profesionales de la información de una forma clara y sencilla que permita resolver cualquier tipo de conflicto derivado del ejercicio en el desempeño de sus funciones.

cc

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Be Sociable, Share!