Cuando el papel aguanta todo

Los esfuerzos de los gobiernos colombianos desde la década de los setenta del siglo pasado se centraron en combatir a las guerrillas. Miles de millones de dólares en gasto militar, víctimas mortales de lado y lado, secuestrados y ataques a pueblos alimentaron el imaginario de que todos los males del país estaban en quienes tomaron las armas de manera ilegal para intentar llegar al poder.

Mientras el país se sumía en esa película de ‘buenos y malos’, otros actores de reparto hacían de las suyas cultivando una práctica hasta hoy indestronable: la corrupción. Es como si ese gen de sobornar, robar el erario, peculado o fraude estuviera en la mayoría de políticos o contratistas. Tal ha sido el grado de percepción que se tiene sobre este flagelo que durante la entrega del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos una periodista le preguntó al mandatario sobre las versiones de que el prestigioso galardón había sido comprado[1].

La permisividad de los mandatarios de turno frente a la corrupción ha llegado a tal extremo que una de las frases más famosas sobre el tema la pronunció Julio César Turbay Ayala, quien gobernó entre 1978 y 1982. “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Palabras más, palabras menos invitaba a vivir con ella. El periodista Antonio Caballero sostiene que luego de que Turbay pronunció esa frase “empezó el desmantelamiento sistemático del país: su desguazamiento económico, social y político”[2].

“Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”: Julio César Turbay

Sin embargo, es hasta 2011 cuando el país inicia su gestión para integrar la Alianza para el Gobierno Abierto. Durante el primer plan de acción se expidió la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)[3]. Es decir, se legisló sobre algo que debía ser una obligación para las entidades públicas: contarles a los ciudadanos qué hacen y con quién lo hacen.

En su editorial A vencer la cultura del secreto (11-03-2014), el diario El Espectador dio una definición sobre el tema: “esta cultura del ‘tapen, tapen’ (…) es un lunar que cubre la cara de la justicia, de muchos contratistas del Estado y de varios prestadores de servicios públicos[4].

Justamente esos tres temas son parte de los 19 compromisos, agrupados en cuatro desafíos, que el Gobierno de Juan Manuel Santos suscribió con AGA en su segundo plan de acción. El número 15 busca un “mejor acceso a servicios y trámites en justicia, salud, educación, ambiente e inclusión social”, relacionado con el principio de participación ciudadana[5].

El documento de Gobierno Nacional advierte que este compromiso obtuvo la votación más alta en la consulta ciudadana porque tanto justicia como salud son dos de los temas en los que la población advierte más falencias. De hecho, en el país van ligados íntimamente: los pacientes deben recurrir a acciones legales para que les autoricen un procedimiento médico.

Las reformas de ambos sectores han pasado por el Congreso con más pena que gloria. Entonces, ¿de qué sirve la participación ciudadana, que promueve mejoras en los servicios, si el Legislativo (elegido por el pueblo) hace oídos sordos a tales propuestas?

Volvamos al tema de las guerrillas. De los 19 compromisos, solo uno, el 17, hace referencia al conflicto. (¿Era la guerra de guerrillas la verdadera causa de todos nuestros males?) El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene como tarea la continuación del archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica, y con el diseño, construcción y puesta en marcha del Museo Nacional de la Memoria.

¿Era la guerra de guerrillas la verdadera causa de todos nuestros males?

El propósito es garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, esto acorde con uno de los apartes de del derecho al acceso a la información pública y fortalecer las bases de una nueva sociedad que se mueva sobre los principios de paz, justicia y reconciliación, como sucedió con procesos de paz como el de Irlanda del Norte que tuvieron ejes como el perdón y la justicia restaurativa.

Un tema sensible

Antes de que terminara 2016 el país se estremeció con un crimen perpetrado por un abogado de la clase alta bogotana en contra de una menor de edad desplazada por la violencia del suroccidente del país. El confeso asesino, Rafael Uribe Noguera, secuestró, violó y asesinó a la pequeña de siete años.

Esto sucedió a pesar de que el compromiso 18 pretende “mujeres libres de violencias y discriminaciones”. De eso no se enteró la pequeña Yuliana. Ni su familia. Tampoco los medios. Si tan solo alguien hubiera mencionado que, según el plan, el Gobierno procuraba “consolidar el sistema de vigilancia de violencias contra las mujeres, violencia sexual e intrafamiliar a partir de los ajustes conceptuales y normativos introducidos al sistema durante el 2014”[6]. Pero no hubo tal.

Si en el mundo hay que decirle a un grupo de personas que a las mujeres no se las golpea o asesina, a ese grupo no puede llamársele sociedad. Por más buenas prácticas de transparencia que quiera implementar.

De cierre

Por cuenta del escándalo Odebrecht, durante el fin de semana en Colombia arrestaron a un exviceministro y un exsenador. El primero obtuvo 6.5 millones de dólares en sobornos y aceptó los cargos ante el juez de la causa. El segundo habría recibido 4.5 millones de dólares. En reciente entrevista la senadora Claudia López apuntó lacónica: “derrotar la corrupción es más difícil que acabar a las Farc”. 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=LHpDuJlxwBc

[2] La violencia como método, por Antonio Caballero. Del libro ¿En qué momento se jodió Colombia?, editorial Oveja Negra, 1990. P. 130

[3] Plan de acción de Colombia Alianza para Gobierno Abierto, p. 10.  http://agacolombia.org/page/primer-plan

[4] Recuperado de http://www.elespectador.com/opinion/editorial/vencer-cultura-del-secreto-articulo-480222

[5] II Plan de acción 2015 – 2017 Colombia, p. 12. Recuperado de http://agacolombia.org/page/segundo-plan.

[6] II Plan de acción 2015 – 2017 Colombia, p. 14. Recuperado de http://agacolombia.org/page/segundo-plan.

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