Niñas, no madres

14.448 niñas – madre en Ecuador siguen en la espera de una sociedad realmente vele por sus derechos

 

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Era una tarde fría de finales del mes de julio en Cuenca (Ecuador). Caro H. se debatía entre el dolor, el miedo y la incertidumbre en un hospital a las afueras de la ciudad. Estaba a punto de dar a luz. Tenía preeclampsia, 13 años y una vida truncada por un abuso sexual del que ni quiso ni quiere acordarse hasta ahora. Cuando cuenta su periodo de embarazo –completamente desidealizado del deber ser maternal-, explica que solo quería cerrar los ojos y esperar que todo fuera una pesadilla, un mal rato.

 

“Visité al menos 20 farmacias porque me dijeron que tenía que comprar unas pastillas para deshacerme de eso. En ninguna farmacia quisieron vendermelas. Al cuarto mes tuve que dar la noticia en casa. Mi padre, 6 años después, sigue resentido conmigo”. Mientras hablamos, sus manos permanecen entrelazadas sobre la mesa, moviendo sus dedos ansiosamente. A través de sus ojos de intenso color caramelo y cara redonda atisbo aún tristeza y pesar.

 

 

 

En octubre de 2017, el Comité de los derechos del Niño de Naciones Unidas dio una recomendación al Estado ecuatoriano: garantizar que las niñas accedan a los servicios de salud sexual y reproductiva “incluyendo el aborto terapéutico, y considere la despenalización del aborto, prestando especial atención a edad de la niña embarazada y a los casos de incesto y violencia sexual”.

 

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“A pesar de esta recomendación, la realidad ecuatoriana es muy diferente”, señala Samantha Gordillo, activista por los derechos de las mujeres y funcionaria del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, “el peso de la religión, una sociedad eminentemente conservadora y una clase política poderosamente moralista mira hacia otro lado ante esta realidad que genera maternidades forzadas y desquebraja completamente los sueños de miles de niñas del país, normalizando una situación de permanente abuso contra las niñas y adolescentes”.

 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, da a conocer que el 88% de las mujeres encuestadas de estado civil casadas fueron besadas o tocaron su cuerpo contra su voluntad antes de los 18 años, así como el 69,6% recuerda que les tocaran sus partes íntimas en contra de su voluntad, de las cuales el 17,5% tenía 12 años cuando sufrió el abuso.

 

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Entre lágrimas, Caro H. recuerda ser parte de estas dolorosas estadísticas. “Yo nunca busqué una relación. A los años he descubierto que fui sometida sistemáticamente a violencia sexual por aquel hombre. Nunca tuve la culpa, como amargamente me reclamó en muchas ocasiones mi padre. El hombre que abusó de mí primero hacía comentarios inapropiados de mí, luego buscaba quedarse a solas conmigo, finalmente una noche abusó de mí.”

 

En una entrevista para Efe, Ramón Torre, oficial de programas en Ecuador de Planned Parenthood Global señala que “En América Latina lo que está ocurriendo es una pandemia de violencia sexual y maternidad forzada en menores de 14 años. Los estados no están protegiendo a las niñas, porque en la gran mayoría de los casos sufren la violencia sexual dentro de su propio hogar y la única opción que les proporcionan es continuar ese embarazo y convertirlas en niñas madre”.

 

En los últimos años esta realidad ha sido abordada durante varias ocasiones en el seno del máximo órgano legislativo de Ecuador: La Asamblea Nacional.

 

En el año 2013 se debatía en la Asamblea Nacional la reforma del Código Penal y un grupo de asambleístas mujeres fundamentalmente del partido político Patria Altiva i Soberana (Alianza País) pusieron sobre la mesa la posibilidad de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo para niñas menores de 12 años bajo la causal de violación. Al calor de ese debate parlamentario, la encuesta de una prestigiosa marca ecuatoriana de estudios investigativos, el Centro de Estudios y Datos de Ecuador (CEDATOS), sacaba a la luz pública que el 65% de los ecuatorianos apoyaba la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. A pesar de estas cifras y los acalorados debates de las asambleístas, el expresidente de la República, Rafael Correa, finalizaba abruptamente este tema llegando incluso a amenazar con renunciar al mando en un discurso televisado la noche antes de la votación en la Asamblea Nacional: “Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto. Si siguen estas traiciones y deslealtades… yo presentaré mi renuncia al cargo”. Tras estas declaraciones una de las asambleístas proponentes de la despenalización retiró la propuesta, pero no fue suficiente: las legisladoras fueron censuradas y castigadas con un mes de anulación de sus actividades.

 

Fruto del debate que se mantuvo, el nuevo Código Penal (COIP) establece el aborto para tres motivos que se establecen en el artículo 150: “como producto de violación de mujeres con discapacidad mental, (…) para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, (…) y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.

 

En palabras de Samantha Gordillo ese debate del año 2013, el cual estuvo acompañado de una intensa actividad por parte del incipiente y desarticulado movimiento por los derechos de las mujeres “definió qué era el Gobierno de Alianza País. Muchos asumían que los discursos de solidaridad y de integración latinoamericana reflejaban un discurso progresista. Pero eso no fue así. Con Rafael Correa el poder e influencia de la Iglesia volvió con fuerza. En los temas de género no había tregua, se criticaba a las mujeres de manera pública por su aspecto físico; se generaban políticas públicas desde lo moral.” El debate del Código Orgánico Integral Penal y que a las asambleístas pro derechos de las niñas violadas menores a 12 años fueran denominadas por parte de uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente como “malculeadas” fue un bochorno para todos y todas. Como se dice en los movimientos feministas latinoamericanos “En la calle, Che. En casa, Pinochet”.

 

La tarde en la que Caro H. estaba por dar a luz, una psicóloga se hizo presente en la casa de salud para conversar con ella sobre su nuevo rol, le indicó que el miedo al parto es un proceso normal, doloroso pero natural y que con gimnasia todo sería más llevadero. Además la psicóloga le indicó que actualmente atraviesa un proceso en el que el vínculo maternal se encuentra en proceso de estructuración. “Nunca podré olvidar en las palabras. ¿Normal? ¿Qué de normal puede tener ser víctima de un abuso sexual y quedar embarazada? ¿Qué de normal puede tener ser madre con 13? ¿Qué clase de psicología estudian en la Universidad? Yo no quiero una realidad así para mi hija. Ella merece otra vida. Cada día doy gracias a Dios por su existencia, pero no bajo esas circunstancias, no a mi edad.”

 

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El sistema de salud público es parte de los cuestionamientos por parte del movimiento por los derechos de las mujeres en Ecuador. Las niñas embarazadas son tratadas como cualquier mujer adulta. “El Estado es parte de esta violación a los derechos de las niñas porque las re victimiza y permite que continúen con embarazos violentos. El Estado protege las acciones de los criminales, protege a los violadores y no hace nada por defender a las niñas y adolescentes abusadas sexualmente. Tampoco hace nada para ofrecer opciones tras el alumbramiento, los procesos de adopción son prácticamente inexistentes”, señala Samantha Gordillo.

 

Según la organización Mujeres para la Salud “El concepto de violencia sexual es cambiante según la perspectiva desde la que se analice: jurídica, psicológica, tipo de sociedad y creencias culturales. Hace unos años, el estudio de las agresiones sexuales se centraba en el delito y en los violadores, pero actualmente se centra en los efectos y en las víctimas. La conceptualización más común considera la violencia sexual hacia las mujeres como un acto de poder, agresión y degradación, además del componente sexual por parte del hombre hacia la mujer”. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres da cuenta de una realidad desoladora. Forma parte de la cotidianidad de las niñas y adolescentes ecuatorianas sufrir violencia sexual. Las cifras dan cuenta de que esta aseveración es dolorosamente cierta. Más de la mitad de las mujeres encuestadas en este estudio, reconoce haber sido obligada a desvestirse o mostrar sus partes íntimas y el 18,9% haber sufrido este tipo de agresión sexual con tan solo 8 años de edad.

 

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“En la iglesia te dicen que debes ser pura como María madre. Que debes ser virgen, que debes aguardar a tener relaciones hasta casarte y compartir esas experiencias con tu esposo. ¿Quién les explica eso a ellos? Es común un niño que levanta la falda o toca el trasero a sus compañeras de clase. Es habitual que un joven diga cosas morbosas a una chica. Lo natural para la sociedad es que receptemos toda clase de tocamientos, comentarios y agresiones. Y frente a todo esto, en la escuela ¿Qué te dicen? Que hay que ser complaciente y resignarte porque “marido es” me dice Caro H., con una mezcla de rabia y dolor. Ella realizó sus estudios en una unidad educativa católica, conocida por la férrea disciplina de la madre superiora al frente del plantel. En el colegio “Las Catalinas” se han formado miles de niñas cuencanas “al estilo característico del Carisma Dominicano”.

 

A Caro H., se le llenan los ojos de lágrimas al recordar que fue expulsada del colegio cuando las monjas descubrieron su embarazo. No atendieron razones. Daba igual que la familia quisiera hacer una contribución económica especial. El agresor, el estado y el sistema educativo continuaban robándole la vida. Con 13 años no pudo continuar sus estudios por haber sufrido una agresión sexual frente a cuyas consecuencias no pudo poner fin porque las leyes, los códigos, el sistema de salud y el sistema en sí mismo, niegan los derechos de las niñas.

 

Han pasado 5 años de ese julio y Luna revolotea de aquí para allá durante la entrevista. Le gusta la princesa de la película de Frozen, también los dinosaurios y los cuentos de aventuras. Sus ojos inquietos miran con orgullo a su mamá porque en pocos días se celebrará la ceremonia de graduación del bachillerato intensivo en el que se inscribió Caro para culminar sus estudios. Ella, nerviosa pero profundamente feliz, dice que nunca pensó que podría hacerlo. Entre ayudar en la tienda familiar para conseguir solventar algunos gastos y cuidar de Luna pasaban los días sin mucho tiempo para continuar con sus estudios. “Gracias a Dios mi madre me inscribió en el Ministerio de Educación, y hoy estoy aquí” dice sonriendo.

 

Para Gordillo ésta es otra de las terribles consecuencias de la violencia sexual contra las niñas y jóvenes: la deserción escolar. “Las cifras son claras, el 33% de las niñas y adolescentes madres han estudiado solo la primaria, la mayoría no ha terminado y algunas no reportan escolarización. Cuando se habla de vidas robadas se hace referencia precisamente a eso: a cómo se idealiza la maternidad, a cómo se obliga a continuar con embarazos a pesar de haber sufrido agresiones sexuales, a cómo se trunca una vida y se condena a las niñas de nuestro país a no poder continuar con los estudios. ¿Cómo creen que los compañeros de clases tratan a una niña de 10 años con un embarazo en curso? La sociedad al igual que naturaliza la violencia contra las niñas y mujeres, condena, critica, juzga y es implacable contra esas mismas niñas violadas o agredidas sexualmente y las tilda de provocadoras o se dice que “ellas mismas se lo han ganado”. Vivimos una realidad indolente frente a la que nadie hace nada”.

 

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Desde agosto de 2019 el debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Ecuador se ha reabierto a raíz de las reformas que se encuentran en discusión en la Asamblea Nacional respecto al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Un nuevo órgano parlamentario, con asambleístas diferentes a los de las discusiones del 2013 se encuentra enfrascado en esta temática.

 

La legisladora María Mercedes Cuesta señaló que Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazo adolescente. “Tenemos que proteger a nuestras niñas”, enfatizó Cuesta, quien se identificó como una de las víctimas. “Señoras les dicen cuando dan a luz. Señora, ya puede amamantar a su hijo. ¡Carajo! No son señoras, son niñas y tienen 14 y 12 años. No son señoras. Son criaturas que han tenido que dejar el colegio, que están condenadas a la miseria porque tienen que ser madres”. En los cinco años de vigencia del COIP son 26.132 las niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas en el país”, señaló en el mismo debate la asambleísta Wilma Andrade, quien también asumió una posición en favor de la protección especial de las niñas y mujeres ecuatorianas víctimas de violencia sexual.

 

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Caro H. y Luna se despidieron de mí con una sonrisa, agradecidas por haber compartido un rato con ellas, por haberme interesado en su historia.

 

Son niñas, no son madres. Son 17.448 vidas robadas, con la complicidad del Estado, de la sociedad, de las familias. Ni una más.

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