Transparencia en Brasil en tiempos revueltos

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Brasil, uno de los ocho países fundadores del Open Government Partneship (OGP), elaboró recientemente su tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. En esta ocasión el gigante latinoamericano se comprometió a desarrollar 16 compromisos.

Una de las novedades del actual Plan es el papel que se le otorga a la sociedad civil, hasta el punto de que se creó un nuevo organismo (Grupo de Trabalho da sociedade civil), en el que están presentes siete entidades, tras un proceso de elección en el que participaron las propias Organizaciones No Guberamentales (ONGs).

Sin duda el ejemplo de Brasil presenta unas características por las que resulta interesante detenerse para realizar un pequeño análisis sobre este Plan y el contexto en el que se ha redactado.

Un primer asunto que llama la atención es la inclusión de entidades no gubernamentales en el desarrollo del Plan. Precisamente se trata de una de las cuestiones que plantean los estándares de Participación y Cocreación de OGP (punto 1.2.3). Sin lugar a dudas esta cuestión supone una forma de abrir la toma de decisiones a la sociedad civil, algo que parece saludable. El tercer Plan brasileño estableció un proceso de elección a través de tres fases (inscripción, habilitación y votación) que culminó con el nombramiento de los representantes, cinco de entidades de la sociedad civil, uno del ámbito académico y otro del ámbito sindical. Esta elección, por tanto, responde a los parámetros que plantea el OGP.

Asunto al margen sería la función, intereses, representatividad o incluso legitimidad de estas organizaciones. Del mismo modo que se exige transparencia con respecto al gobierno y sus actuaciones, cabría preguntarse si las entidades que van a desempeñar una tarea de tanta responsabilidad (no en vano van a participar, junto al gobierno, en la toma de decisiones relacionadas con la transparencia de los datos de todo un país) debieran estar también sometidas a mecanismos de control y transparencia. Sería tanto como aclarar quién juzga al juez o, en este caso, quién controla al controlador.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que son siete asociaciones o entidades las que forman parte de este organismo, en un país en el que se estima que residen unos 207 millones de personas, con una sociedad civil muy plural y heterogénea.

Control deficiente del Parlamento

Analizando más pormenorizadamente el texto podemos detenernos en tres de los compromisos asumidos por el gobierno federal brasileño y que implican directamente a sus poderes públicos. Se trata de los compromisos 10, 11 y 12:

  • Realizar inventario de los servicios del Poder Ejecutivo Federal e implementar la evaluación por medio de mecanismos de satisfacción, priorizando servicios para la mejora.
  • Crear y difundir un repositorio para la institucionalización del Parlamento Abierto conteniendo normas, herramientas, capacitaciones, guías y prácticas.
  • Implementar aciones de fomento de gobierno abierto con la complicidad de la sociedad civil, considerando experiencias ya existentes en estados y municipios.

Los tres compromisos pueden suponer un paso adelante para fomentar la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos, mediante el control de los órganos legislativos. Sin embargo, quedan muy lejos de los compromisos ilustrativos que plantea la Guía sobre gobierno abierto para los parlamentos.

De hecho, ni siquiera se plantea explícitamente ninguno de los compromisos (ya sean estos iniciales, intermedios, avanzados y, mucho menos, innovadores) recomendados por la Guía. Si repasamos los anteriores planes (como ya he comentado, Brasil ha aprobado, con el actual, tres documentos de estas características) ni el primero ni el segundo hacen referencia alguna al tema parlamentario, al menos en forma de compromisos adquiridos.

No parece esta una buena forma de apostar por el gobierno y la transparencia en un país que salió de una dictadura militar en una fecha tan reciente como 1985. Pero es que el tema no queda ahí.

Desde hace más de un año Brasil atraviesa una grave crisis política e institucional que tuvo entre sus puntos más candentes el impeachment llevado a cabo contra la presidenta Dilma Roussef. Una decisión adoptada por el Senado de Brasil en agosto de 2016 que ha provocado una situación anómala: el actual presidente, Michel Temer, no ha sido elegido por sufragio universal, una de las bases de cualquier democracia. Por si esto fuera poco, la larga sombra de la corrupción planea sobre él y su gobierno, un hecho que no ha pasado inadvertido incluso entre medios de comunicación cuyas líneas editoriales podían alejarse más de los gobiernos de centro-izquierda de la región.

A día de hoy la situación en Brasil se encuentra en un difícil callejón sin salida. Un gobierno muy impopular, formado casi exclusivamente por hombres blancos (en un país donde las personas blancas suponen menos de la mitad de la población y las mujeres, obviamente, la mitad, no parece que se trate de un gobierno muy representativo) y con un problema institucional de envergadura. Con estas circunstancias resulta pertinente preguntarse hasta qué punto Brasil está preparado para implementar políticas de transparencia eficaces y, sobre todo, convincentes.

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